Presunción de racionalidad en legítima defensa: problema de aplicación

La presunción de racionalidad en la legítima defensa y el problema de su presupuesto de aplicación.

Una cámara de seguridad registra los últimos segundos de un forcejeo. Las imágenes muestran al investigado usando la fuerza contra otra persona, pero la grabación empieza cuando el enfrentamiento ya está en curso. El investigado afirma que repelía una agresión. La grabación permite observar parte de su reacción, mientras que el inicio del episodio queda fuera de cuadro. ¿Qué debe establecer la autoridad antes de aplicar la presunción de racionalidad prevista en el Decreto Legislativo Nº 1743?

La pregunta pone de relieve un problema de redacción con consecuencias procesales. Si para presumir la racionalidad de la respuesta se exige comprobar primero que el investigado actuó en legítima defensa, y esta solo se configura cuando la respuesta fue racional, la autoridad terminaría exigiendo como presupuesto aquello que la ley ordena presumir. Resolver esta circularidad requiere interpretar la norma y determinar qué conclusiones permite sostener la prueba.

Qué presume el Decreto Legislativo Nº 1743

La Constitución peruana reconoce el derecho a la legítima defensa en su artículo 2, inciso 23. En el Código Penal, el artículo 20, numeral 3, la regula como causa de justificación. Su examen corresponde al juicio de antijuridicidad. Una conducta puede encajar en el tipo penal de lesiones y quedar justificada si concurren los presupuestos de la legítima defensa. La Corte Suprema examinó esos presupuestos, bajo la regulación anterior a la reforma, en el Recurso de Nulidad Nº 2145-2018.

El artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1743, publicado el 8 de noviembre de 2026, conserva en el literal a) la exigencia de una agresión actual, ilegítima y real. En el literal b) incorpora una presunción refutable sobre la necesidad racional del medio empleado y atribuye al Ministerio Público la carga de desvirtuarla. La autoridad debe valorar tanto el medio como la forma de utilizarlo desde la perspectiva de quien se defiende y conforme a las circunstancias existentes en el momento de la agresión. Toda resolución judicial que descarte esa presunción requiere motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.

Dónde aparece el razonamiento circular

La dificultad se encuentra en la expresión «quien ejerce la legítima defensa». Una lectura que identifique esa expresión con la eximente plenamente configurada conduce al siguiente razonamiento:

1. Para presumir la racionalidad, primero debe establecerse que la persona actuó en legítima defensa.
2. Para establecer que actuó en legítima defensa, antes debe comprobarse que la respuesta fue racional.
3. Por consiguiente, la racionalidad tendría que estar demostrada antes de que pudiera presumirse.

Esta interpretación dejaría a la presunción sin efecto propio. La Ley Nº 32743 autorizó expresamente establecer una presunción que admite prueba en contrario y ordenó respetar la presunción de inocencia y la carga probatoria del Ministerio Público. Exigir al investigado que demuestre primero la necesidad racional de su respuesta frustraría la finalidad probatoria de la reforma. La circularidad surge de una lectura posible de la fórmula legal. Una interpretación sistemática permite resolverla sin que la deficiencia de redacción implique, por sí sola, la inconstitucionalidad del precepto.

La hermenéutica jurídica y el presupuesto de la presunción

La interpretación que se propone distingue la base fáctica que permite examinar una actuación defensiva y el juicio de racionalidad que la ley presume. La primera se refiere a los elementos que dan sustento a la hipótesis de una reacción dirigida a impedir o repeler una agresión actual, ilegítima y real. El segundo se refiere a la necesidad racional del medio utilizado y de su uso concreto. Sobre este último extremo opera la presunción. La existencia y actualidad de la agresión conservan su propio objeto de prueba.

La expresión base fáctica describe aquí una propuesta interpretativa. El decreto deja abierto cuánto respaldo se requiere para aplicar la presunción en cada etapa. La autoridad debe apreciar el conjunto de los elementos disponibles, incluida la declaración del investigado si decide prestarla, y justificar su decisión según el estándar procesal aplicable. El investigado puede señalar fuentes de prueba o aportar elementos que respalden su versión. La carga probatoria sigue correspondiendo al Ministerio Público, conforme al artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal. La presunción de inocencia, reconocida en el artículo 2, inciso 24, literal e), de la Constitución y en el artículo II del mismo título, impide convertir la falta de corroboración aportada por la defensa en prueba de responsabilidad.

La epistemología jurídica y los límites de la prueba

En el ejemplo del forcejeo, la grabación permite establecer qué ocurrió durante el intervalo registrado y dentro del campo visual de la cámara. Si el inicio del episodio quedó fuera de cuadro, la ausencia de imágenes de la agresión inicial tiene un alcance limitado. Concluir que la agresión nunca existió exige una inferencia adicional que debe sostenerse con el contenido de la grabación y los demás elementos disponibles. A su vez, una grabación que muestre con claridad el cese del peligro antes del acto investigado sí puede aportar evidencia pertinente sobre la falta de actualidad de la agresión.

Un certificado médico plantea un problema similar. Puede acreditar la naturaleza y gravedad de una lesión. Para inferir que la reacción fue innecesaria, hace falta explicar cómo se produjo la lesión, qué agresión existía en ese instante y qué podía advertir razonablemente el investigado. El Tribunal Constitucional, en el caso Llamoja Hilares, examinó el deber de explicitar el hecho base y el enlace inferencial cuando se emplea prueba indiciaria. En concordancia con el artículo 158 del Código Procesal Penal, ese criterio permite controlar si la conclusión está respaldada por los indicios y por una inferencia justificada.

La dificultad práctica del investigado consiste en reconstruir una decisión tomada en segundos con evidencia que puede ser fragmentaria y que se recoge después del hecho. La interpretación jurídica indica qué debe reconstruirse. La valoración probatoria establece hasta dónde puede hacerlo. Por ejemplo, si la Fiscalía sostiene que había una opción menos lesiva, corresponde examinar si esa opción era perceptible, accesible y razonablemente eficaz en las circunstancias del ataque. Su mera disponibilidad física, advertida al revisar la escena con posterioridad, ofrece una base insuficiente para desvirtuar la presunción.

Cómo se desvirtúa la necesidad racional de la defensa

Para desvirtuar la presunción, la Fiscalía debe precisar qué aspecto del medio empleado o de su uso considera innecesario, qué evidencia respalda esa afirmación y cómo se llega a esa conclusión desde las circunstancias de la agresión. La exclusión del criterio de proporcionalidad entre medios, recogida desde la Ley N.º 32026, evita reducir el examen a una comparación mecánica de los instrumentos empleados. El decreto exige considerar, entre otros factores, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, los medios disponibles y los bienes jurídicos protegidos.

La secuencia de los hechos puede conducir a dos problemas jurídicos distintos.

• Si la agresión había cesado antes del acto cuestionado, el punto decisivo es la actualidad de la agresión, regulada en el literal a). La autoridad debe precisar con qué evidencia establece ese cese y lo sitúa antes de la reacción.
• Si la agresión continuaba y se cuestiona la intensidad o duración de la respuesta, la controversia recae sobre el literal b). La Fiscalía debe sustentar por qué el uso concreto de la fuerza carecía de necesidad racional dadas las circunstancias que el investigado podía apreciar. Si el juez descarta la presunción, debe identificar la evidencia, reconstruir la situación y explicar la inferencia que justifica su decisión.

La presunción en la decisión fiscal y en la sentencia

El segundo párrafo incorporado al artículo 334.1 del Código Procesal Penal exige que el fiscal se pronuncie sobre la posible legítima defensa y disponga el archivo cuando advierta la concurrencia de sus presupuestos. Si existen aspectos decisivos por esclarecer, la autoridad debe evaluar la pertinencia de las diligencias y, si considera formalizar, aplicar los presupuestos del artículo 336.1. La formalización y la condena responden a estándares distintos. En juicio, si la hipótesis de legítima defensa encuentra sustento en la prueba y subsiste una duda razonable relevante para la responsabilidad penal, corresponde absolver.

El texto publicado presenta una discordancia adicional. La modificación procesal remite a los literales a), b) y c) del artículo 20.3 del Código Penal, aunque el artículo 3 del decreto reproduce los dos primeros y coloca puntos suspensivos después del literal b). La referencia al literal c), relativo a la falta de provocación suficiente en la Ley N.º 32026, y el alcance específico de la delegación respaldan la interpretación de que ese requisito subsiste. Esta cuestión se refiere a la composición de la eximente. La presunción sigue circunscrita a la necesidad racional del medio y de su uso.

Conclusión

En el caso de la grabación incompleta, una decisión fundada debe identificar qué extremo está en discusión. Si se cuestiona la existencia o actualidad de la agresión, debe explicar qué permite afirmar la evidencia sobre ese hecho. Si la controversia concierne a la racionalidad de la respuesta y opera la presunción, debe examinar qué elementos aporta la Fiscalía para desvirtuarla. La hermenéutica evita exigir la racionalidad como condición previa para presumirla. La epistemología probatoria permite detectar cuándo una conclusión excede lo que la evidencia demuestra. Juntas permiten controlar que la incertidumbre del caso se resuelva conforme a la carga de la prueba y a la presunción de inocencia.

Referencias y bibliografía

Normativa peruana

• Perú. Constitución Política del Perú de 1993. Artículos 2.23, 2.24.e y 139.5. Edición oficial del Congreso de la República.
• Perú. Decreto Legislativo N.º 635, Código Penal. Artículo 20, numeral 3, conforme a las modificaciones introducidas por la Ley N.º 32026 y el Decreto Legislativo N.º 1743.
• Perú. Decreto Legislativo N.º 957, Código Procesal Penal. Artículos II y IV del Título Preliminar y artículos 158, 334 y 336. La incorporación del segundo párrafo al artículo 334.1 consta en el Decreto Legislativo N.º 1743. Edición oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
• Perú. Ley Nº 32026, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, sobre los alcances de la legítima defensa. Publicada el 16 de mayo de 2024. Diario Oficial El Peruano.
• Perú. Ley Nº 32743, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño. Publicada el 22 de octubre de 2026. Artículo 2, numeral 2.1.11. Diario Oficial El Peruano.
• Perú. Decreto Legislativo N.º 1743, Decreto Legislativo que fortalece la protección legal de los ciudadanos que actúan en legítima defensa frente a la delincuencia. Publicado el 8 de noviembre de 2026. Artículo 3 y disposiciones complementarias final y modificatoria.

Jurisprudencia

• Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso de Nulidad N.º 2145-2018. Presupuestos de la legítima defensa bajo la regulación anterior al Decreto Legislativo Nº 1743. Poder Judicial del Perú.
• Corte Suprema de Justicia de la República. Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433. Estándares de prueba para la persecución procesal y la condena. Poder Judicial del Perú.
• Tribunal Constitucional del Perú. (2008). Sentencia del Expediente N.º 00728-2008-PHC/TC, Giuliana Flor de María Llamoja Hilares. Sentencia de 13 de octubre de 2008, fundamentos 7 y 25–29.

Bibliografía doctrinal complementaria

• Ferrer Beltrán, J. (2002). Prueba y verdad en el derecho. Marcial Pons.
• García Cavero, P. (2019). Derecho penal. Parte general (3.ª ed., corregida y actualizada). Ideas Solución Editorial.
• Roxin, C. (1997). Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Civitas.
• Taruffo, M. (2002). La prueba de los hechos. Trotta.