Los Sistemas Administrativos y el Sector Público (Parte 2)

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19 Feb | 2021

Actualmente, la norma central que regula los sistemas administrativos de manera general es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158). Esta Ley Orgánica señala que existen dos tipos de sistemas: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) ratifica que los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso (artículo 46).

En este camino, la LOPE ha hecho un esfuerzo importante, al señalar específicamente los sistemas administrativos existentes:

• Gestión de recursos humanos
• Abastecimiento
• Presupuesto público
• Tesorería
• Endeudamiento público
• Contabilidad
• Inversión pública
• Planeamiento estratégico
• Defensa judicial del estado
• Control
• Modernización de la gestión pública

De acuerdo a la forma de operación establecida en la LOPE, los sistemas administrativos tienen dos tipos de entidades: entes rectores y entidades estatales (llamadas también entidades operativas, porque son las que funcionan u operan siguiendo los sistemas administrativos).

Para cada sistema administrativo existe un ente rector, que es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento.

Las funciones generales que suelen tener los entes rectores son las siguientes:

• Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión del proceso.
• Expedir las normas reglamentarias que regulan el sistema.
• Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del sistema.
• Emitir opinión vinculante sobre la materia del sistema.
• Capacitar y difundir la normatividad del sistema en la administración pública.
• Llevar registros y producir información relevante de manera actualizada y oportuna.
• Supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de los procesos técnicos de los sistemas.
• Promover el perfeccionamiento y simplificación permanente de los procesos técnicos del sistema administrativo; y,
• Otras funciones asignadas por las leyes específicas de cada sistema administrativo.

Las demás entidades estatales están sometidas a la autoridad de los entes rectores y deben cumplir con las directivas dictadas por éstos, pero no por un criterio jerárquico, sino por un criterio normativo. Como menciona la LOPE, las normas, procedimientos y guías que establezcan los entes rectores, son vinculantes para todas las entidades de la Administración Pública.

Un punto importante que ratifica la LOPE, es la aplicación de los sistemas a todo el Estado (a todo nivel), incluyendo organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Por esta razón se dice que los sistemas administrativos tienen carácter transversal (y algunos dicen que también vertical), porque afectan y vincula a toda entidad que conforma el Estado; sin importar el nivel de gobierno o su nivel de autonomía.

Otro aspecto que señala la LOPE es que los sistemas solamente se pueden crear por ley.

 

Fuente:

*El artículo fue publicado originalmente en el Blog de Juan José Martínez

Fecha:  3 de febrero de 2018

JuanJosé Martínez


Abogado, Magíster en Derecho, con estudios de Economía y Regulación de Servicios Públicos a nivel de Maestría. Asesor Legal con más de 18 años de experiencia profesional en la asesoría de entidades de los Sectores Público y Privado. Especialista en Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Gestión Pública, Sistemas Administrativos del Estado, Promoción de la Inversión Privada, Regulación de Servicios Públicos y Análisis Económico del Derecho. Profesor Universitario en cursos de su especialidad. Fluidez en el idioma inglés.

Enlace:  http://juanmartinezortiz.blogspot.com/2018/02/los-sistemas-administrativos-y-el.html

 

JuanJosé Martínez


Abogado, Magíster en Derecho, con estudios de Economía y Regulación de Servicios Públicos a nivel de Maestría. Asesor Legal con más de 18 años de experiencia profesional en la asesoría de entidades de los Sectores Público y Privado. Especialista en Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Gestión Pública, Sistemas Administrativos del Estado, Promoción de la Inversión Privada, Regulación de Servicios Públicos y Análisis Económico del Derecho. Profesor Universitario en cursos de su especialidad. Fluidez en el idioma inglés.