Gobierno corporativo y promoción de la sostenibilidad empresarial

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RESUMEN

En los últimos años, las empresas u organizaciones consideran importante poner en práctica la gobernabilidad conforme a la medida de una gestión, con el propósito de lograr óptimos resultados en los sectores económicos, sociales o ambientales en corto tiempo. A medida que la relación entre gobierno, promoción y sostenibilidad óptima permitirá el interés y la atracción de inversión que muchas empresas desconocen y necesitan orientarse para lograr como resultado la transformación sostenible en muchos países debido a las reformas internacionales de cooperación que se han mantenido vigentes a lo largo de los años y otras nuevas que se actualizan a lo largo del tiempo para impulsar nuevos impactos o proyectos sostenibles en todo el mundo. 

Palabras clave: Gobernabilidad, Transformación sostenible, Stakeholders, Responsabilidad social.

SUMARIO

1. Introducción. 2. La relación e importancia de integración del gobierno corporativo y  sostenibilidad empresarial. 3. El gobierno y la sostenibilidad empresarial en el Derecho corporativo. 4. Responsabilidad empresarial en el Derecho comparado. 5. Marco normativo sobre gobierno y sostenibilidad corporativa en el Perú. 6. Sentencias nacionales sobre el gobierno y la sostenibilidad empresarial. 7. Impacto sostenible de las empresas en el Perú. 8.Conclusiones. 9.Referencias bibliográficas. 

1. Introducción

El gobierno corporativo y la sostenibilidad empresarial son temas que relacionan al Derecho Corporativo al poner en evidencia la adaptabilidad de las empresas conforme a la forma o procesos de manera que las empresas necesitan considerar mejores decisiones como el buen uso de recursos, transparencia, composición de recursos, rendición y protección a través de estrategias actualizadas para ser competentes mundialmente. 

La diversidad de habilidades, conocimientos y perfiles se vuelven fundamentales para abordar el trabajo en cuestiones de gobierno corporativo, ya que supone actualizar y transformar criterios en la toma de decisiones, así como potenciar en los consejos competencias relacionadas con el propósito corporativo, los valores, la cultura, la percepción de los grupos de interés y el triple impacto de la organización, entre otros (López, 2022). 

Por lo que existen variables relacionadas a las empresas que muestran un interés por la mejora de reducción de costos o el acceso a nuevos mercados para mejores oportunidades de negocio que inician a partir de la responsabilidad social empresarial. 

A partir de este análisis, el impacto debe ser supervisado teniendo en cuenta las estrategias que garanticen el gobierno corporativo a través de los stakeholders mediante la política de cumplimento ético. Sin embargo, es necesario apostar por los desafíos, pues existe una necesidad de tomar decisiones con mayor rapidez debido al avance tecnológico e inteligencia artificial (Abarca, 2024). 

Actualmente existen problemas que continúan afectando negativamente a nivel mundial como el uso incorrecto de la inteligencia artificial, la tensión geopolítica, la desmedida globalización, el calentamiento global e inflación siendo los más relevantes retos para las empresas del mundo sin distinción y mientras cada empresa se encuentre en distintas regiones geográficas será una realidad distinta que tendrá que afrontar. 

Sin embargo, las herramientas y estrategias han permanecido similares en muchos países a fin de disminuir porcentajes de desprotección que atentan a la sociedad vulnerable. 

Según estudios realizados por la empresa BCorp, el 48,9 % de las compañías afirman estar trabajando en integrar Ambiente Social de Gobernanza (ASG) en sus consejos de administración. Entre estas, el 39,2 % avanza en la implementación de códigos éticos y de conducta. Asimismo, los profesionales señalan que el ASG ha favorecido en formación a empleados y directivos (28,8 %) y el fomento de canales de denuncia internos (23,2 %) como segundo y tercer ámbito de trabajo en términos de gobierno corporativo (Empresa certificada de estrategias sostenibles BCorp, 2022). 

Por lo que el rol del gobierno corporativo se desarrollará sosteniblemente siempre que se mantengan presentes los óptimos resultados económicos a nivel mundial como la acogida en el mercado laboral y el buen funcionamiento de las empresas que algunos países recurren a iniciativas que permitan la aplicación de organismos reguladores y de cooperación internacional. 

En estos últimos años distinguidos países han recurrido a considerar la capacidad global de integración en promover prácticas transparentes y normas en beneficio de la sociedad. Estas normas y prácticas transparentes es un reto actual no proporcional debido a las diferentes circunstancias que se encuentran en muchos países y en sus diferentes operadores económicos formados por los inversores o actores interesados en el gobierno corporativo. 

El interés de incrementar la sostenibilidad a nivel mundial continúa siendo un avance importante para el desarrollo económico, pero el aumento de preocupación por parte de los inversionistas frente a nuevos y grandes procesos influye en relación con el Derecho corporativo y buenas prácticas de gobierno. 

Además la ayuda de divulgación de nuevos informes de sostenibilidad de las juntas directivas permite establecer relaciones de confianza con las partes interesadas (Michelon & Parbonetti, 2012). Esto se consigna una medida de correcta participación en procesos de elaboración y estrategias de sostenibilidad siendo así como otros grupos de interés que se suman a fin de mejorar las políticas económicas. 

Cabe resaltar que no solo las políticas ambientales o las estrategias han tenido un rol importante, sino también las nuevas tecnologías que han logrado propiciar nuevas aplicaciones y controles para mejorar las alianzas en el mundo. 

Una de las principales organizaciones que evalúan nuevos retos económicos, sociales y ambientales es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que parte de sus objetivos es el de proteger los derechos de accionistas nuevos en el mundo del gobierno corporativo como también la asesoría en el tratamiento de irregulares situaciones financieras en una empresa. 

Gracias a la OCDE se establecieron enriquecedoras relaciones con la sociedad civil mediante consultas con el sector empresarial y con representantes de los trabajadores con el fin de compartir información por medio de sus publicaciones y de su página de internet (2020).

Uno de los ejemplos más comunes ha sido en empezar por la mejoría en el sector educativo desde la capacidad educativa, la OCDE logró fortalecer el sistema educativo, empezando por México y Chile a través de reformas gremiales y a través de la prueba PISA para los estudiantes en diferentes países. 

Por consiguiente, el sector público impulsó reformas para fortalecer la transparencia empresarial como en los países de España y Portugal impulsando políticas de inclusión y bienestar que promuevan reformas de pensiones laborales y de protección social en casos de jubilación o familias vulnerables. 

Sin duda, las organizaciones o instituciones que agendan la problemática de sostenibilidad empresarial han alineado con mayor afinidad propuestas de sostenibilidad como parte de alternativas de solución ante alarmantes crisis económicas y sociales en muchos países sobre todo en América Latina y Europa. 

Una asociación que trajo a muchos países el desarrollo de correlación de las empresas y la sociedad es la Unión Europea (UE) que sistematizó nuevas políticas y programas para que las organizaciones o empresas actúen de manera responsable. 

Una de las normas que ha tenido vigor desde el 5 de enero del 2023 hasta la actualidad es La Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD), su impacto se ha extendido globalmente en la que exige a las empresas el informe de su impacto ambiental y social en los países de Alemania, Francia, Suecia, entre otros.

Asimismo, la Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad oficial desde el 2024 obliga a las empresas a gestionar proyectos innovadores de impacto medioambiental y social a fin de promover una cultura más responsable y sostenible. Esta norma abrió brechas en Europa y en países de América Latina, miembros de la Unión Europea como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Polonia, entre otros. 

Las empresas sujetas a esta normativa cumplen un papel importante en garantizar buenas relaciones comerciales con otros países como Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Canadá, Brasil, México entre otros. Lo que hace especial a esta norma es el objetivo de extenderse a más países latinoamericanos y moldearse a sus distintas realidades problemáticas desde el sistema corporativo. 

2. La relación e importancia de integración del gobierno corporativo y sostenibilidad empresarial

Analizar los principales desafíos que las empresas enfrentan para lograr un modelo sostenible de gobernanza es mucho más difícil que constituir una empresa para generar valor económico ante la altura de competitividad de otras empresas. 

En principio las iniciativas de implementar un modelo sostenible de gobernanza no solo ha sido por parte de las organizaciones o empresas, sino también de distinguidos países que son actualmente líderes en sostenibilidad han optado dar énfasis a nuevos impactos corporativos, como Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, Bután, entre otros.

Por tal razón, un 48,9 % de las compañías afirman estar trabajando en integrar ASG (ámbitos sostenibles de gobernanza) en sus consejos de administración. Entre estas, el 39,2 % avanza en la implementación de códigos éticos y de conducta (López, 2022).

Según los porcentajes presentados anteriormente, es plenamente necesario que los accionistas o grupos de interés puedan optimizar la sostenibilidad empresarial a través de iniciativas a nivel económico y social a partir de buenas prácticas que deben ser transparentes y éticas a medida que fomenten estabilidad a corto plazo a manera de prevenir futuros conflictos de intereses. 

La creciente demanda de información financiera relevante y relacionada con el clima en informes anuales y presentaciones financieras, ha llevado a una mayor necesidad de que los emisores actualicen su conocimiento sobre los riesgos relacionados con el clima y los marcos generales para la elaboración y presentación de informes en esta materia (Aguirre, 2024). 

Desde el enfoque social una estrategia que planifica y crea una disposición beneficiosa para la ciudadanía debe ser aplicable al punto de comprometer a los agentes públicos en materia de proyectos como por ejemplo los procesos consultivos implican una correlación para impulsar crecimiento a través de planes de acción cooperativos. 

Asimismo, los profesionales señalan el correcto sistema en la formación de empleados y directivos (28,8 %) a través de difusión canales de denuncia internos (23,2 %) como segundo y tercer ámbito de trabajo en términos de gobierno corporativo (López, 2022). 

La evolución corporativa en distintos países también se ha relacionado relevantemente con la inteligencia artificial teniendo por finalidad automatizar procesos facilitando buenas decisiones desde el enfoque digital desde los software o nuevas metodologías diseñados para la gestión de sostenibilidad como el Software ISOTools, herramienta para una mejor calidad de negocios o empresas por la formulación de nuevas políticas sobre sostenibilidad empresarial y medio ambiente generando que los principios de carácter legislativo sean utilizados como referencias mundiales que relacionan al ámbito jurídico en los temas de Derechos humanos y desarrollo sostenible. 

Por lo que es importante conocer la composición de las organizaciones para adoptar negociación de sociedades en base a reglas y normas desde el marco del gobierno corporativo en representación de las autoridades competentes para la correcta supervisión de recursos y acciones. 

Uno de los elementos fundamentales para el pleno desarrollo de un gobierno corporativo sostenible debe ser la confianza de la sociedad dispuesta por apostar en inversión para la mejoría del crecimiento económico. Este resultado se obtendrá conforme a las expectativas y cumplimientos de las empresas a través de sus competencias en el mercado. 

3. El gobierno y la sostenibilidad empresarial en el Derecho corporativo

Es indiscutible confirmar que las empresas satisfacen la necesidad de implementar la sostenibilidad empresarial optimizando el valor económico, social y ambiental, esto es posible gracias a los diagnósticos que tienen las empresas para medir la sostenibilidad a través de informes anuales.

En lo que respecta por responsabilidad social empresarial (RSE), esta se entiende como “la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente” (ISO, 2010, p.15).

Gracias a la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se realizó una revisión a los principios de los modelos corporativos que evolucionan con el paso del tiempo, en los cuales los más importantes eran contemplarse los Derechos de los accionistas, reconocer una cooperación activa de los accionistas o los interesados en implementar sostenibilidad empresarial, y asegurar las estrategias activas de las organizaciones tanto en la parte administrativa. 

Como por ejemplo una de las políticas de la empresa Laive era evaluar constantemente la aplicación del Código de Buen gobierno corporativo, para ello los accionistas, directores y gerentes se reunirán periódicamente para revisar y/o mejorar el cumplimiento de dicho código y dotarlo de los mecanismos e instrumentos que ayuden a dicho fin (Conroy, 2021). 

En la actualidad, un buen gobierno corporativo en una organización es tan importante como un eficiente desempeño financiero. Se estima que alrededor del 80% de los inversores pagarían más por una compañía con un buen gobierno corporativo (GC) , ya que brinda una mayor seguridad a su inversión, asegurando sanas prácticas corporativas, pues cuanto mayor sea la transparencia y más información exista, mayor será la confianza de los inversores en el mercado (EY Perú, 2020).

Tal y como se describe en lo anteriormente mencionado, los reglamentos de cumplimiento de políticas públicas reguladoras en gobernanza son vitales para la rentabilidad sostenible en el mercado y disminuirá riesgos globales en el sector empresarial. 

Este reconocimiento de los reglamentos de cumplimiento se encuentran específicamente dirigido a los visionarios en implementar nuevos negocios de talla internacional y para las empresas transnacionales y locales. 

Por otra parte, el tema de gobierno y sostenibilidad empresarial en el Derecho corporativo no es tan comúnmente mencionado por los expertos de ramas relacionadas, sino por expertos que realmente abordan el campo del Derecho laboral empresarial en integración y gestión de sostenibilidad corporativa. Gracias a estos eventos o congresos internacionales, distinguidos interesados en la materia e incluso estudiantes de la carrera de Derecho logran entender la percepción de dudas conceptuales sobre la importancia sostenible entre una empresa y la sociedad. 

Así como en inicios se mencionan muy a profundidad sobre la evolución de tratados internacionales o la implementación de las redes digitales. Hoy en día ya encontramos nuevos estándares y marcos internacionales relacionados a los Derechos que protegen a los trabajadores y empleados, las actualizadas resoluciones de conflictos comerciales, contratos y acuerdos a distancia e incluso el rol de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas legales. 

Estos retos son precisamente favorables para que los profesionales del Derecho puedan adaptarse a nuevos cambios de las normas, a partir de la lucha por el cambio climático que han permitido legislaciones rigurosas para proteger la gobernanza en el mundo. 

4. Sentencias internacionales sobre responsabilidad empresarial

Garantizar un desarrollo en la organización empresarial ha sido importante a nivel internacional a través de impactos de distintas actividades como la inclusión social y protección del desarrollo sostenible. Sin embargo, las decisiones o actividades que se ejecutan no siempre pueden beneficiar a la empresa, a los trabajadores, inversionistas o hasta a los de la alta gerencia. 

Definir una estrategia de organización puede ser una caja de sorpresas de beneficios o consecuencias que deben plantearse y decidirse cautelosamente a partir de los compromisos y contribuciones de toda la organización. 

A partir de 2016 diversos países han presentado Informes Nacionales Voluntarios (INV), como parte de los procesos de seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, liderados por el Foro Político de Alto Nivel (FPAN), bajo el auspicio del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Considerando la meta global que representa la Agenda 2030 y el compromiso asumido por los países miembros de las Naciones Unidas, es imperativo que todos los actores involucrados a nivel nacional colaboren en forma conjunta (Velazco, 2016). 

En relación con lo planteado anteriormente, los ODS se han encontrado en los últimos años muy involucrados en erradicar la injusticia, el cambio climático incluso en dividir dimensiones urgentes en agenda como el ámbito económico, ambiental y social. 

Las expectativas pueden ser de alta o baja demanda como en el caso Shell en Nigeria por derrames de petróleo y el perjuicio de contaminación por tierras y ríos en el país causado por la empresa angloholandesa Shell. Este caso tuvo distinguidas acciones legales, en primer lugar, la ONU responsabilizó a la empresa por contaminación y tuvieron que pagar una compensación de 15 millones a las comunidades afectadas. 

El caso emblemático nos demuestra que a pesar de que existió justicia para las comunidades nigerianas, los pobladores siguen luchando por la restauración de agua limpia y restauración ambiental de sus comunidades.

Otro caso insólito que se pudo corroborar la proyección de una futura irresponsabilidad empresarial hacia la mina de cobre Nchanga, en el río Kafue que afectaría en la salud de la población y en daños ambientales en el año 2019. 

Debido a la falta de confianza en el sistema judicial de Zambia, los más de 1.800 residentes de la comunidad de Chingola (Zambia) presentaron la demanda en el Reino Unido, a Vedanta Resources PLC (empresa matriz con sede en el Reino Unido) y Konkola Copper Mines (KCM, subsidiaria operativa en Zambia) como los responsables de afectar el ecosistema local de los pobladores. 

De acuerdo con el caso se abrió lucha por el libre ecosistema sin daños o perjuicios, es importante que las empresas puedan conocer la realidad de las comunidades indígenas antes de considerar un proyecto ambiental, tal es así que, en enero del 2021, las empresas Vedanta y KCM acordaron conciliar con los demandantes zambianos estableciendo un impacto confidencial bajo mutua conciliación.

Los casos anteriormente mencionados reflejan los desafíos jurídicos que las comunidades indígenas enfrentan ante la vulneración de sus Derechos humanos por la responsabilidad de las empresas transnacionales. Por lo que es importante concientizar sobre el fortalecimiento de recursos naturales en el mundo y exigir mejores normas vinculantes en materia de derechos humanos y sostenibilidad. 

Hacia la visión del Derecho corporativo ha surgido la evolución en responsabilidad empresarial estableciendo las obligaciones y derechos como la ilimitación de tratados o acuerdos internacionales a fin de aportar compromisos ambientales. 

5. Marcos normativos sobre gobierno y sostenibilidad corporativa en el Perú

A lo largo de los últimos tiempos es importante establecer un marco normativo con el fin de ordenar el cumplimiento legal de estas normas debido al rol que cumplen en la sociedad.

Los marcos normativos han sido importantes para la seguridad de las empresas y el mercado en mejorar la competitividad internacional entre ellas se encuentran los marcos normativos en el Perú como el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas promovida por la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores (SMV) en el que las empresas deben reportar informes respecto al cumplimiento del código. 

Este nuevo código contribuirá a fortalecer una verdadera cultura de buen gobierno corporativo en el Perú, acorde con las exigencias del mercado, que promueva el desarrollo empresarial y favorezca la generación de valor en la economía peruana (Rocca Carbajal, 2013).

En estas normativas también encontramos La Ley General de Sociedades (N° 26887) en la que regula cómo se administran, organizan y se supervisan las empresas en el Perú. 

La anteriormente mencionada Ley General de Sociedades establece normas aplicables a todas las sociedades, incluidas disposiciones sobre la constitución, personalidad jurídica, denominación social, objeto social y alcance de la representación de las sociedades. Además, contiene secciones detalladas sobre las diferentes formas de sociedades reconocidas en la ley, como la sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedades en comandita y otras (Tapia, 2020). 

Aunque el Perú todavía no es miembro de la OCDE, cada vez se está alineando a sus principios de gobierno corporativo sostenible. Los marcos que se establecieron en el Perú sobre sostenibilidad han regulado aspectos relevantes como la Guía de Reporte de Sostenibilidad para Emisores del Mercado de Valores en el que se recomienda e incentiva a las empresas lograr un impacto sostenible, social y de gobernanza. 

A medida que los mercados de valores globales han implementado medidas para integrar mejor los riesgos y oportunidades climáticos en los procesos y mecanismos de formación de precios, la divulgación de más información y que esta responda a mejores estándares, proporciona la base propicia para el progreso en la búsqueda de una economía global más sostenible (Robalino, 2024).

A nivel ambiental Ley N° 30754 establece un marco sobre el Cambio Climático en el que incentiva a las empresas medir y reportar su huella de carbono frente al cambio climático.

La Ley Marco sobre Cambio Climático tiene por objeto establecer los principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con enfoque intergeneracional (El Peruano, Ley Marco Sobre Cambio Climático, 2018). 

Además, existen lineamientos regulan la sostenibilidad en el Perú como la regulación sobre finanzas sostenibles, una normativa facultativa para emitir bonos verdes, sociales y sostenibles en el mercado peruano. 

Debido a la necesidad de incorporar factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones financieras para así canalizar el capital hacia un nuevo modelo de inversión. Estos criterios son cada vez más relevantes debido a la necesidad de no solo no comprometer los recursos que tenemos para las generaciones futuras, sino también para crear valor a largo plazo. A lo largo de los últimos años se han ido creando un conjunto de normas y estándares que buscan integrar consideraciones ESG (World Economic Forum, 2023).

Por ejemplo, el estándar internacional  ISO 14001 es de carácter voluntario y aplicable a cualquier tipo de organización, sin importar la dimensión de esta o su actividad, que quiera implementar un Sistema de Gestión Ambiental que se pueda certificar (Esginnova Group, 2014). 

Una normativa más relevante y de impacto mundial han sido las normas ISO (International Organization for Standardization) en el que Perú al igual que otros países, adoptó estándares internacionales importantes que integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) originarios de la ONU (Organización de Naciones Unidas). 

6. Sentencias nacionales sobre el gobierno y la sostenibilidad empresarial 

Aunque existe una equilibrada relación positiva entre el gobierno y la sostenibilidad empresarial no significa que no se hayan evidenciado casos de malas prácticas ambientales o sociales en el Perú, significa que las empresas incurren en afectar poblaciones, sectores vulnerables, etc. 

Puesto que, según el artículo 45° numeral 1 de la Constitución Política del Perú establece que “Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” (Constitución Política del Perú, 1993, p; 17).  

La conservación de generar un mejor desarrollo sostenible y mantener los recursos naturales del capital nacional dependerá de la responsabilidad de las empresas privadas a través de buenas prácticas, ética responsable y contribución al medio ambiente. 

Aunque es cierto que hay una mayor preocupación por el impacto ambiental de las empresas en la sociedad, también es importante mejorar la gestión y liderazgo empresarial teniendo en cuenta a los trabajadores, la satisfacción de los consumidores busquen así la mejora de la sociedad en su conjunto (Villegas, 2023). 

El Perú es un país de mayor diversidad que ha sido involucrado en el impacto negativo de un mal funcionamiento para su desarrollo sostenible lográndose evidenciar a través de distinguidas sentencias como expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional en el año 2010 en el que se puede demostrar que los demandantes del Gobierno Regional de Loreto interpusieron la demanda al Congreso de la República y el Poder Ejecutivo por el fin de una prospección agraria y ambiental que se proyectaba realizar en las comunidades indígenas sin haberse consultado previamente. Es así como el TC declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad. 

Este caso nos demuestra que el enfoque de Derechos humanos se ha relacionado con la sostenibilidad ambiental y empresarial en muchas ocasiones, debido a que las empresas, instituciones públicas o privadas antes de realizar una gestión o proyecto no han convocado a la población a través de un mutuo acuerdo. Incluso se debe tener en cuenta si una hectárea o sector es un patrimonio cultural vigente que no debe ser manipulado, al contrario, el refuerzo de informar a la población sobre sostenibilidad empresarial no debe ser una opción sino una obligación constitucional. 

Otra sentencia de mucha relevancia fue el caso Conga en Cajamarca en el año 2012 tratándose sobre un proyecto minero que implicaba la afectación de cuatro lagunas naturales que serían drenadas para convertirse en depósitos mineros, lo que generó alarma en las comunidades locales a pesar de que fue aprobado por el MINAM (Ministerio de Ministerio de Energía y Minas) en el año 2010. 

En el año 2011 y 2012 las comunidades y organizaciones campesinas procedieron con acciones de movilización y protesta que resultaron represión y fallecidos. Asimismo, interpusieron acciones legales al ser un proyecto de interés por parte del gobierno. 

Las organizaciones sociales y campesinas afectadas por los efectos negativos de las empresas extractivas han exigido principalmente respeto por el medio ambiente y una mejor redistribución de las riquezas generadas (Saldaña, 2014). 

Debido a la presión social la empresa Minera Yanacocha S.R.L. (consorcio formado por Newmont Mining, Compañía de Minas Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial) que ejecutaría el proyecto tuvo que suspender el proyecto y no continuar con la inversión prevista de aproximadamente US $4.800 millones. 

Este caso identifica que existió un conflicto abrupto entre el estado peruano, la empresa minera Yanacocha y las comunidades indígenas y campesinas en el que se resalta la importancia de que se puede brindar utilidad y recursos a las empresas y al estado siempre que estas no afecten derechos colectivos.

El caso Conga fue referencia para la influencia en la creación y aplicación de la Ley de Consulta Previa (Ley N.º 29785) y en una mayor vigilancia del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Estas sentencias reflejan que el estado peruano y las empresas tienen la obligación de consultar a las comunidades indígenas, campesinas o sindicatos aledaños sobre la aprobación de concesiones pero sin el aprovechamiento de recursos naturales, la solución implica prevenir mediante análisis y supervisión del estado evaluando si estos proyectos de inversión pueden afectar a la población en corto o largo plazo. 
 

7. El impacto sostenible de las empresas a corto plazo en el Perú

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, las empresas necesitan estar consolidadas a través de estrategias que les permitan adaptarse al mercado laboral en el Perú. Sin embargo, también es importante conocer los resultados a futuro que las empresas u organizaciones de acuerdo con la aplicación de nuevas normas o políticas de sostenibilidad corporativa. 

El Perú no es ajeno a esta realidad, por cuanto presenta carencias en muchos aspectos. Ello se debe a que la sostenibilidad no se limita a la simple conservación ambiental, como suele confundirse. Este paradigma de gestión abarca un espectro mucho más amplio, que incluye perspectivas como la responsabilidad social empresarial (RSE) y la gobernanza corporativa (Pereny, 2024). 

Es decir, los Gobiernos regionales y locales deben adaptarse a las regulaciones y nuevas tendencias, puesto que la sostenibilidad proviene de una prioridad urgente para asegurar competitividad y legitimidad en las empresas. 

Hoy en día, no solo las organizaciones internacionales pueden impulsar políticas ambientales y ejecutarlas mundialmente. También las empresas en el Perú pueden impulsar un desarrollo sostenible que responda a la agenda ambiental y social en el país. 

Cabe precisar que las tecnologías y la digitalización son una puerta al mundo de la globalización sostenible a fin de promover la inversión constante con una visión de interés en la rentabilidad, sociedad y el planeta. Aquellas empresas que difundan la capacitación tendrán la plena seguridad de invertir capital económico y humano al poder recepcionar las capacidades necesarias para la competitividad empresarial. 

Sin duda, fomentar el conocimiento desde edades tempranas es un rol fundamental para el crecimiento y concientización de la sostenibilidad empresarial desde enfoques relacionados a la inversión, el ahorro incluso educación financiera; a través de prolongadas alianzas o intercambios que el Perú propone ayuda a los profesionales y estudiantes en acceder a nuevas estrategias y sistemas integrados de gestión (SIG) desde los entornos académicos o profesionales para futuramente pueda practicarse en la vida cotidiana a su vez, obteniendo la experiencia de aprendizaje en enfoques reales. 

Beneficiar y generar la oportunidad a nivel nacional a distinguidos empresarios o representantes de organizaciones sostenibles en acceso a financiamiento ha sido posible gracias al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este respaldo que generan estas instituciones es y continúa siendo vital por apostar en proyectos de innovación ambiental o sostenible incluso a nivel internacional. Sin embargo, surge la necesidad prioritaria de la difusión y compromiso de las empresas en la iniciativa de lograr estos impactos de manera que puedan tener preferencia en los proyectos alineados a buenas prácticas en la sociedad. 

Está demostrado que a nivel nacional, hemos aprendido continuamente de los países desarrollados las múltiples tareas ambientales y sociales que han alineado a nuestra sociedad peruana. Asimismo, la digitalización tecnológica que facilite el uso de las herramientas como Big data y aplicaciones móviles para monitorear y proyectar una nueva agenda ambiental en el Perú. 

Por ende, urge incorporar tecnologías avanzadas que faciliten la ejecución de múltiples estrategias ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), al respecto, un estudio de KPMG reveló que el 76 % de las empresas en el Perú ya planean invertir en tecnología y estrategias ESG, lo que evidencia la creciente importancia de esta integración, que pasó de tendencia a realidad (Pereny, 2024). 

Las implementaciones y estrategias anteriormente mencionadas demandan un trabajo coordinado, es decir no solo las empresas son influenciadas por el entorno donde se encuentren sino también operan desde el medio ambiente y la sociedad. 

Según la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) “las finanzas sostenibles implica que en el proceso de toma de decisiones de inversión se tengan en cuenta factores medioambientales, sociales y de buen gobierno. Todos estos criterios se conocen como criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza)” (p,5). 

A simple vista aquellos esfuerzos que las empresas realizan depende de las ESG que son el índice organizado para determinar la materia de la gobernabilidad empresarial, esto implica que existen diferentes tipos de criterios como las ESG ambientales que actúan a favor del medio ambiente, la generación de residuos y las famosas visiones proactivas ambientales para la protección de la biodiversidad o las ESG que aborda criterios sociales a favor de los Derechos humanos y la protección de las comunidades o la gestión de espacios saludables. 

Sin embargo, las empresas y organizaciones deben entender que es necesario identificar cuáles serían los criterios que no cumplen las ESG como, por ejemplo, los pocos resultados de aportación a la materia social o ambientalista a través de actividades progresivas en el tiempo o el escaso esfuerzo de resultados que abordan un marco integral para avanzar hacia un plan sostenible. 

8. Conclusiones

En síntesis, es importante que las empresas en distintos países continúen proyectándose en aprender e innovar el crecimiento de nuevas experiencias como aportes ambientales y sociales apostando por los sistemas de gobernanza empresarial al tener en cuenta que cada día nuevas herramientas evolucionan a lo largo de los años; estas mismas estrategias promoverán una visión ética en las organizaciones o empresas de alto prestigio. 

Sumado a lo anterior, a medida que el gobierno corporativo y la sostenibilidad empresarial se encuentran promoviendo una alta demanda de responsabilidad en el mercado laboral, lo que ha conllevado a facilitar que las empresas generen un valor más allá de lo económico o social que está impactando y alineándose cada día a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

En conclusión, así como se han implementado distintas estrategias empresariales, también se han implementado por exigencia nuevos marcos normativos que implican las prácticas responsables y la relación que debe existir en visión hacia un impacto positivo con la sociedad en cada país a medida de realizar nuevos modelos o proyectos sostenibles fortaleciendo el mercado global.